Resumen: La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia por la que se desestimó el recurso de responsabilidad patrimonial de la Administración por realización de una rampa de acceso a la finca de la demandante con ocasión de la instalación de unas atracciones de feria. Y los daños cuya compensación económica se pretende son la demolición de un muro preexistente, y los producidos por la ocupación de la finca. La valoración conjunta de la prueba desplegada permite concluir que ya existía antes de la intervención del Ayuntamiento un rampa de acceso desde la carreteara a la finca, si bien pudo ser afectada por las obras de acondicionamiento de la calzada. Y, por otro lado, la apelante no ha acreditado la demolición de muro alguno, ni la necesidad, derivada de la actuación del Ayuntamiento, de construir uno nuevo de contención. Ni tampoco que los montones de tierra a los que se refiere fueran depositados en la finca por los empleados del Ayuntamiento: es mucho más verosímil que fuera la acción de los que instalaron las atracciones de feria la causante de tales amontonamientos de tierra. Por lo que hace a la ocupación de la finca por las atracciones de feria, es obvio que su autor material no fue el Ayuntamiento dado que no se ha acreditado que el ente local lo autorizada y además, éste no puede disponer la cesión del uso de fincas privadas.
Resumen: La Sentencia atiende la jurisprudencia sentada en STJUE de 30 de mayo de 2024 y de 25 de septiembre de 2024 para resolver sobre la legitimación del consumidor final para instar el procedimiento de devolución de ingresos indebidos en los casos de tributos contrarios al Derecho de la Unión, y sienta que el consumidor no es sujeto pasivo del impuesto ni acredita la repercusión legal a su cargo, sin que pueda confundirse la repercusión económica con la anterior. La diferencia entre repercutido económico y repercutido jurídico no es una mera cuestión nominal, sino una diferencia sustancial. En la llamada repercusión económica no existen límites precisos del contenido de la repercusión, porque no existe como tal, diluyéndose entre las partidas que el empresario conjuga para llegar al precio final; no hay, por tanto, tampoco titulares legítimos ni del derecho ni de la obligación, porque no existen como tales, son meras elucubraciones sobre el impacto de una carga tributaria del proveedor de un bien o servicio en el destinatario del mismo.
Resumen: La Sala desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una mercantil contra el Acuerdo del Consejo de Ministros que inadmitió su solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. La impugnación del meritado acuerdo tiene sustento en la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 182/2021, de 26 de octubre, que declaró inconstitucionales varios artículos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, todo ello en relación con el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Téngase en cuenta las SSTC 59/2017, de 11 de mayo; 126/2019, de 31 de octubre; y 182/2021, de 26 de octubre. En resumen, la STS 1.163/2018, de 9 de julio (32) , en interpretación de la STC 59/2017 (33) , dictaba en relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terreno, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido".
Resumen: La Sala valora la prueba practicada e indica que no hay suficiente para fundamentar la responsabilidad patrimonial. Habla de que hubo dos fugas que había preexistencia de grietas. Existencia previa de una oquedad que habían tenido que reparar para hacer unas reformas, lo que supone que el suelo tenía problemas de tiempo antes, la existencia de un terreno descubierto - posiblemente el origen de la oquedad mencionada- ahora cimentado o asfaltado, en el lateral del inmueble, en la zona de retranqueo junto al almacén, sobre el que vertían las aguas del tejado, que lógicamente ha venido haciendo un aporte superior de agua sobre tan pequeño espacio al que le correspondería por la lluvia. Todo ello determina la desestimación del recurso de apelación.
Resumen: El recurrente instó solicitud de revisión ante la Hacienda Foral en base a la sentencia de 23 de octubre de 2014 del Tribunal Supremo, que había resuelto el recurso de casación núm. 230/2012 , en el sentido de haber declarado la nulidad del art. 26.2 de la Norma Foral 8/1998, por resultar contrario a la regla de armonización con la normativa del Estado entonces vigente, establecida en el art. 4. a) de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, aprobatoria del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. no habiendo obtenido respuesta interpuso recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV que fue desestimado. El demandante ejercitó la acción prevista en el art. 293 y LOPJ, destinada al reconocimiento de error judicial, a fin de reclamar al Estado indemnización por responsabilidad patrimonial de dicho error, que ha sido estimado. Concluye la Sala que uno de los requisitos necesarios para que prospere la reclamación por responsabilidad del estado legislador derivada de la declaración de inconstitucionalidad sobrevenida de una norma legal, es que exista una "sentencia firme desestimatoria", así lo exige el art. 32. 4 de la Ley 40/2015, por lo que resulta incomprensible que se afirme que es la propia existencia de una sentencia firme la que impide la viabilidad de esta acción de resarcimiento. Carece de toda lógica sostener que el requisito exigido por la ley para que pueda prosperar la acción de resarcimiento se convierte en un obstáculo a su viabilidad.
Resumen: Se estima el recurso de casación anulando la sentencia de la Sala territorial al considerando que el tribunal de instancia incurrió en error al no computar el valor económico total de la reclamación (193.093,30 €), que incluía facturas impagadas, intereses e impuestos derivados de servicios prestados a la Administración. La sentencia establece como doctrina jurisprudencial que, en reclamaciones de pago contra la Administración por operaciones comerciales continuadas, debe considerarse la cuantía global (incluyendo principal, intereses e impuestos) y no facturas individuales, conforme a la Directiva 2011/7/UE contra la morosidad, en el sentido de que cuando el objeto del recurso contencioso-administrativo resuelto por la sentencia apelada verse sobre reclamaciones del precio por operaciones comerciales consistente en la entrega de bienes o la prestación de servicios a una Administración publica que sean de la misma naturaleza y que se deban a una causa única, de modo que se trate de una relación continuada, estas deben ser contempladas de forma conjunta y unitaria, sin desagregarse, y, en consecuencia debe tenerse en cuenta el valor económico total de las facturas adeudadas, incluyendo el importe principal, los intereses de demora, impuestos, tasas, derechos o costes reclamados. Superado el límite de 30.000 €, el recurso de apelación era admisible. El fallo casa la sentencia impugnada y ordena que el Tribunal Superior de Galicia resuelva el recurso de apelación.
Resumen: Los recurrentes dicen que existe nexo causal entre la inicial caída de su familiar y la úlcera sacra que acabó derivando en su fallecimiento, por la negligente asistencia prestada en la residencia Sant Jaume de Reus, al tratarse de plazas residenciales beneficiarias del sistema de concertación con el sistema público de asistencia social. Se trata de la caída en una residencia privada, sin que el hecho de que percibiera una ayuda posterior en el año 2019 para sufragar los gastos de la estancia y atención al establecerse un PIA signifique que existió responsabilidad alguna a la Administración de la Generalitat. Habíoa plazas residenciales pero ingresó en una plaza privada. La responsabilidad por tanto es civil, y no tiene legitimación pasiva la Generalidad para ser demandada en este proceso.
Resumen: La Juez de instancia dice que no se ha probado la relación de causalidad entre la caída y el funcionamiento de los servicios públicos, que determine la responsabilidad de la Administración porque el desperfecto carece de la entidad suficiente para ser la causa de la caída. La apelante discrepa de la valoración de la prueba realizada por la Juez de instancia, si bien, esta Sala no aprecia que las conclusiones de la Juez sean ilógicas o arbitrarias. La prueba no acredita , de manera incontrovertida y firme, la existencia de un socavón al fondo de la zona rugosa o agrietada que pudo motivar la caída según manifestaron los Agentes de la Policía Municipal de Pamplona que aclararon el informe que habían elaborado. En las fotografías del atestado no se aprecia en absoluto la existencia de socavón alguno, sino sólo la zona agrietada. Desestima la demanda.
Resumen: El perito de la Comunidad de propietarios actora dice que las causas de las humedades son las filtraciones de aguas pluviales a través de las múltiples grietas que presenta la capa asfáltica de la calzada frente a la misma fachada del edificio asegurado así como también que tales filtraciones podrían estar vinculadas con fugas de agua a través del registro municipal de agua ubicado entre el edificio asegurado y el adosado. Estimada la demanda en primera instancia el consistorio opone prescripción y error en la apreciación de la prueba. Dado que son daños continuados considera que no hay prescripción. Tampoco ha presentado la Administración prueba en contrario, por lo que desestima la apelación y condena a la indemnización y cesación de la humedad.
Resumen: Para el Juzgado la estabilidad lesional debe entenderse producida 90 días después del día 24 de mayo de 2017; es decir, aproximadamente el día 24 de agosto de 2017, lo que determina que la presentación de la reclamación el día 5 de noviembre de 2018 deba reputarse extemporánea, dado que en dicha fecha la acción ya estaba prescrita. La recurrente solicita responsabilidad por daños ocasionados por una caída producida cuatro años antes. La Sala ratifica la decisón del Juzgado y declara prescrita la acción.
